SINDICALISMO EN COLOMBIA, PROFESIÓN PELIGRO.
“Y llegará ese olvido y será como un monstruo que todo lo arrasa, y tampoco de tu nombre
tendrán memoria. Yo sé que tu muerte será inútil, y que tu heroísmo se agregará a todas las
Manuel Mejía Vallejo.
El sindicalismo es un movimiento social principalmente obrerista de defensa económica y de clase, iniciado como reacción contra el sistema individualista que significaba para el obrero una situación de aislamiento y de indefensión frente al empleador. Esta situación daba lugar a jornadas injustas y salarios excesivamente bajos y caracterizados por la ausencia de todo espíritu de protección social, de esta manera se imposibilitaba la solución armónica de los problemas de la producción.
“La historia sindical, comenzó con la revolución industrial y la democracia moderna, cuando la esclavitud comenzó a ser abolida legalmente y el trabajo asalariado a generalizarse. A menudo se pone como precedente la Revolución francesa, que provocó la quiebra del sistema feudal y el reconocimiento por primera vez de ciertos derechos de la clase obrera”[2].
Este movimiento de reacción originó la constitución de los primeros sindicatos como órganos de autodefensa que hubo de ser clandestinos, ya que en algunos países su ejercicio era penalizado. Después de la aparición de la gran industria, la aglomeración de los obreros en los centros urbanos y las protestas a veces violentas de la clase obrera, determinaron un cambio de criterio en los legisladores de los diferentes países, fue así como se dio el reconocimiento y encausamiento del movimiento sindical; se estableció el derecho de coalición y el de asociación obrera. Los obreros se agruparon en sindicatos de clase, buscando la defensa y el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo, ejerciendo de esta manera algún tipo de presión sobre sus empleadores.
Es por eso, que históricamente, los diferentes modelos y organizaciones laborales han traído consigo malestares entre la fuerza productiva, ya que sus fines están enfocados a la masificación de los productos que a la mejora de los trabajadores, haciendo que más que abolirse, la esclavitud se redujera a una jornada laboral.
Después de esto, los sindicatos fueron evolucionando. En varios países se dio la llamada etapa de tolerancia en donde se admitían agrupaciones de los trabajadores sin que estos influyeran en las leyes dictadas por el Estado. Dicha etapa fue sucedida por el derecho sindical a finales del siglo XIX. “El primer país que reconoció el derecho a la unión sindical fue Inglaterra, en 1824. El cual le otorgaba legalidad a estos grupos”[3].
La historia del sindicalismo en Colombia, data desde el mismo momento en que empezaron a formarse las primeras fábricas y empresas en el país. Sin embargo, hablar de sindicalismo propiamente dicho, nos remonta a comienzos de los años 1918 – 1920 cuando se empiezan a formar las primeras organizaciones sociales de los trabajadores.
Los acontecimientos laborales, originan varias etapas del sindicalismo que han marcado hondas y profundas huellas históricas, como antecedentes en la lucha de los actuales trabajadores sin distingo de color político, social o cultural. Son ellos, quienes por medio de sus análisis, reflexiones y práctica cotidiana, han construido el devenir laboral y la conquista de sus derechos, que son defendidos a través de una permanente lucha de clases. Pues están convencidos que la única forma de adquirir y defender estos derechos es por medio del sindicalismo. Esta convicción origina que sean los más perseguidos y exterminados por parte de empresarios, Estado y actores armados.
El propósito de este ensayo es mostrar cómo las empresas y el Estado son los mayores violadores de los derechos humanos del trabajador colombiano, principalmente el del ejercicio sindical, al ser este considerado como una amenaza para la seguridad del Estado y quienes la ejercen se han constituido sistemáticamente en blanco de los servicios de inteligencia o en víctimas de diversas formas de agresión. “Esto condujo a que se convirtiera en enemigos potenciales o reales a quienes sólo pretendían oponerse por medios pacíficos”[4]. Lo que nos revela una cultura antisindical profundamente arraigada en la sociedad colombiana.
La Escuela Nacional Sindical, en un análisis realizado sobre la violencia sindical en Colombia, durante el período 1986 – 2006 advierte que no se trata de una violencia difusa e indiscriminada. En la historia reciente del país, trabajadoras y trabajadores sindicalizados han sido víctimas de violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de sus derechos. Donde, la ocurrencia de homicidios contra sindicalistas esta directamente vinculada a la existencia y el desarrollo de conflictos laborales, en medio de los cuales la violencia funge como eficaz reguladora. Esta violencia “representa un conjunto de acciones deliberadas, estratégicas y sistemáticas orientado a debilitar o desterrar el ejercicio de reivindicación sindical y defensa de los derechos laborales”[5].
De acuerdo con la información recopilada por la Escuela Nacional Sindical, frente a la dimensión de la violencia que enfrentan los sindicalistas, se puede establecer que la historia del sindicalismo en Colombia, es también la historia de una violencia selectiva, de dolor, resistencia y balas que se teje en el país. De igual manera en la que empresarios y Estado aprendieron a diseñar estrategias para aniquilarlos. Más de la mitad de los asesinatos contra sindicalistas en el mundo ocurre en Colombia; esto nos muestra una cultura antisindical que cataloga al sindicalismo colombiano como connatural a la insurgencia y como un estorbo para el progreso económico de las empresas y del país. Para el caso especifico de los homicidios, “Colombia ha tenido una participación que oscila entre el 57% y el 88% en el total de asesinatos contra sindicalistas ocurridos en todo el orbe, datos que ubican al país en la deshonrosa posición de ser el lugar más peligroso del mundo para la actividad sindical”[6]
La situación anterior se presenta, porque el sindicalismo colombiano es considerado como una potencial amenaza, que ha permanecido asociada a los grupos guerrilleros. El gobierno busca destruir estos vínculos que la guerrilla tiene con la población civil organizada y no organizada. El concepto que se tiene en el sector oficial es que las organizaciones sindicales son encargadas por las guerrillas para desatar la guerra política; con el propósito de garantizarles a éstas un mayor espacio militar, político y social.
Esto permite al gobierno, crear una política de seguridad democrática, para atacar y perseguir a las organizaciones sindicales. Según estudios de la escuela Nacional Sindical, durante este período (1986-2006) se han cometido al menos 9310 violaciones a la vida, libertad e integridad de trabajadores y trabajadoras sindicalistas colombianos. Lo que “pone de manifiesto la grave situación humanitaria de los trabajadores colombianos, que han luchado en medio del establecimiento de una práctica de violaciones sistemáticas, permanentes y selectivas de los derechos humanos de los trabajadores colombianos, en un contexto general de impunidad que corrobora la fragilidad de nuestra democracia”[7
Desde la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en 1986, han sido asesinadas 2743 personas sindicalizadas. Por más de 15 años, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han instado al Estado colombiano a que garantice el ejercicio sindical y que se supere la situación de impunidad imperante en las violaciones graves de los derechos humanos contra el movimiento sindical.
“La Escuela Nacional Sindical, preocupada por la difícil situación en materia de derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras sindicalizados, ha venido realizando en los últimos dieciséis años, una labor de investigación, divulgación y denuncia de las violaciones contra la vida, libertad e integridad física de las y los sindicalizados en todo el territorio nacional”[8]. Además, denunciar los prolongados silencios que ha guardado el Estado colombiano, frente a este proceso de violencia que bien puede nombrarse como un genocidio político que permanece en la más absoluta impunidad.
Y aunque Colombia ha incluido en la Constitución política de 1991 instrumentos de protección de los Derechos Humanos y, además, ha ratificado varios convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “en el país existen complejas paradojas y agudas contradicciones entre lo que es la norma, lo que es la realidad y lo que se ejecuta y publica de ella”[9]. Ello evidencia un contexto general de impunidad. Es el gobierno el principal enemigo, y es así que con medidas jurídicas y administrativas busca restringir los derechos de los trabajadores, promulgando normas como la ley 50 de 1990, la ley 100 de 1993 y la ley 200 de 1995. Así mismo la promulgación de normas como el decreto 222 de 1983, sobre contratación de mano de obra por prestación de servicios.
Todos los sectores sociales organizados han sido declarados objetivo militar por exigir condiciones de vida digna. La lista de víctimas es interminable e incluye dirigentes estudiantiles, campesinos, barriales, de organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas, de comunidades afrocolombianas, de organizaciones defensoras de derechos humanos. Siendo “Antioquia el departamento más peligroso para el ejercicio sindical en Colombia, pues de los homicidios cometidos contra trabajadoras y trabajadores sindicalizados en todo el territorio nacional, el 46,9% ha ocurrido en suelo antioqueño”[10]. Ello equivale a 1251 homicidios, cifra que revela con contundencia la difícil situación que han enfrentado las organizaciones sindicales antioqueñas, particularmente en la década del noventa, cuando ocurrieron la mayoría de los casos.
Por actividad económica las violaciones se centran mayoritariamente en el sector agrario (Sintrainagro, Fensuagro, Sintrapalmas) con cerca del 41%; en el sector extractivo (USO), con cerca del 5%; en el sector salud, educación y servicios públicos domiciliarios (Fecode, Anthoc,Sintraemcali, Sintraemdes, Aspu, Sintraelecol) con un 45% siendo crítico el sector de la educación; en la justicia (Asonal Judicial y Aseinpec) con cerca del 3%. La impunidad en los casos de la violencia estatal, al no ser judicializadas las personas sindicadas es estructural. Sólo en el 22% de los asesinatos se tiene alguna información sobre la autoría, y en estos casos los paramilitares aparecen como presuntos responsables en el 65%, las guerrillas del 23,4% y la fuerza pública del 8,2%. Durante los ocho años del gobierno Uribe fueron asesinados más de 500 dirigentes sindicales, varios de los cuáles fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate.
El Proyecto “Colombia Nunca Más”[11] documentó más de 40.000 violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre 1966 y 1998 perpetradas por agentes estatales y por grupos paramilitares. La violencia estatal contra el movimiento social ha permitido la perpetuación de la pobreza. Según el Banco Mundial la inequidad en Colombia es igual a la registrada en 1938 el 64% de la población es pobre (82% rural). Doce mil propietarios poseen el 20% del total de las tierras productivas. “Más de cuatro millones de personas han sido despojadas de sus tierras y obligadas a desplazarse forzadamente. Al menos 15 mil personas han sido desaparecidas forzadamente. Desde 1986 – año de creación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT han sido asesinados 2743 sindicalistas. El terror se ha aplicado entonces bajo el manto de la democracia más estable de la región”[12].
Los momentos de mayor violencia física (expresados en asesinatos, atentados), coinciden con la realización de paros, huelgas, negociaciones de pliegos de derechos laborales. La década de los noventa fue el momento en el que se implementaron con mayor vigor las medidas neoliberales (privatizaciones, recorte de derechos sociales, entrada de capital extranjero).
Sin duda, el ataque al movimiento sindical tiene como objetivo debilitar uno de los sectores con mayores niveles de organización y conciencia política, que además ha conseguido niveles importantes de articulación con otros sectores del movimiento social. El descenso de asesinatos de los últimos años obedece a varios factores: 1) ya se ha implementado la reforma laboral, (2) las privatizaciones y concesiones han dejado en manos privadas la mayor parte de los sectores estratégicos, (3) la contrarreforma agraria de unas 10 millones de hectáreas permite la explotación de recursos y la realización de los megaproyectos, (4) el proceso de negociación con los grupos paramilitares, requirió mostrar cifras favorables en materia de derechos humanos y (5) la presión de las organizaciones sindicales y los organismos de derechos humanos han denunciado la violencia antisindical, tema que ha sido obstáculo para la firma de tratados de libre comercio (en especial el de USA). No se trata de que haya mejorado el panorama de derechos humanos de los y las trabajadoras, se trata del cambio en la configuración de la violencia estatal. “El movimiento sindical, y especialmente la Central Unitaria de Trabajadores que viene ofrendando el 87% de las víctimas de la violencia antisindical, tiene el compromiso moral de rescatar la memoria y reivindicar los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y no revictimización, tanto individual como colectiva y defender de esta manera el derecho a existir en el libre ejercicio de las libertades sindicales y la defensa de los derechos de los trabajadores”[13].
Para concluir, se demuestra que esta violencia contra el sindicalismo en Colombia, está atravesada de un extremo a otro por el olvido y por la denegación de justicia, La Escuela Nacional Sindical orienta sus investigaciones hacia la reivindicación de la memoria de las víctimas del sindicalismo colombiano que lucharon por un movimiento que se resiste a desaparecer, donde la violencia siempre ha estado presente y donde justicia y derecho han estado en el olvido.
Como reflexión personal, considero que, los sindicalistas colombianos viven en una crisis permanente; sus derechos humanos y laborales son violados constantemente por los empresarios y por el Estado. Por eso, la lucha sindical debe ampliarse a espacios democráticos, donde se respete la vida y se le de una salida política al conflicto. Por esta razón, es necesario que el sindicalismo busque que los Estados promulguen leyes y decretos, que garanticen la continuidad de sus conquistas y se de un mejoramiento social y económico de todos los trabajadores. Además, que estos tengan una mayor participación en vigilar y supervisar que los gobiernos sean más justos en sus políticas económicas y sociales.
También, es necesario buscar un reconocimiento social, para que el sindicalismo no sea visto como una organización contraria al Estado, sino como algo inherente a sus políticas de gobierno.
[1] CORREA MONTOYA, Guillermo.2515 o esa siniestra facilidad para olvidar. Cuaderno de derechos humanos Nº 19. Medellín: Escuela Nacional Sindical, 2007. Pág. 91.
[4] CORREA MONTOYA, Guillermo.OP.cit Pág. 11.
[5] http://www.udistrital.edu.co/files/dependencias/sintraudSINDICATO.doc
[6] CORREA MONTOYA, Guillermo.OP.cit. Pág. 17.
[6] CORREA MONTOYA, Guillermo.OP.cit. Pág. 17.
[8] CORREA MONTOYA, Guillermo.OP.cit. Pág. 15
[9] CORREA MONTOYA, Guillermo.OP.cit. Pág. 16.
[10] Herrera Arenas, Elver. Violencia antisindical en Colombia “evoluciones y paradojas” [en línea] En: Agora .CURVAS.CDR. Medellín, Colombia v8 N° 41 p. 147-160. Enero-Junio 2008 ISSN1657-8031.(fecha de consulta, Febrero 20).
