La violación de los derechos humanos en Colombia ha sido una constante en los últimos cuarenta años, Estado y guerrilla han generado un conflicto armado que presenta grandes perjuicios para la población civil. Población que ha estado sometida a una violencia que se incremento a partir de la decada de los 90, donde más de 300.000 personas han sido asesinadas y millones se han visto obligados a desplazarse abandonando sus hogares y cultivos, para no sufrir en carne propia los asesinatos y masacres por parte de los actores armados. Todo esto patrocinado por un Estado que ha ejercido una política de impunidad que compromete a todos sus organos de control y a una elite privilegiada que pretende mantener un dominio político y social sobre una población y un territorio determinado. Por eso vemos un Estado inoperante, que persigue y desaparece a defensores de derechos humanos, ataca ONG y desconoce normas y leyes que han sido creadas para defender a las personas de la opresión y el abuso que otros cometen en su contra.
Por su parte, la guerrilla ha desconocido el principio de distinción y de proporcionalidad, poniendo así en peligro a la población. Personas civiles han muerto en el fuego cruzado y en el uso frecuente de minas antipersonas, además de la destrucción de viviendas luego de incursiones guerrilleras de carácter indiscriminado.
